Revista Sonora Sinaloa

El incremento de la asignación de recursos públicos a los partidos políticos para la capacitación, promoción y desarrollo político de las mujeres, y que se contemple la reconstrucción mamaria dentro de la Ley en la materia para toda persona a la que se le haya realizado una mastectomía como tratamiento de cáncer de mama, fueron propuestas en la sesión ordinaria de hoy.

A nombre de las y los integrantes del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, la diputada Rosa Elena Trujillo Llanes presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la cual se turnó para estudio a la Comisión para la Igualdad de Género.

Expuso que dicha propuesta fue presentada en el Cuarto Parlamento de Mujeres del Estado de Sonora bajo el título: “El presupuesto destinado a capacitación en los partidos políticos como instrumento de la democracia paritaria en Sonora”, en la cual se reconoce que la opacidad de los partidos políticos en el manejo de estos recursos es una muestra que deja en evidencia que el marco normativo no es suficiente para alcanzar la igualdad sustantiva.

La legisladora agregó que, para que las acciones afirmativas den resultados óptimos, se requiere redoblar esfuerzos para dotar a las mujeres de herramientas que les permitan ejercer sus derechos humanos en plenitud, ya que destinar solo el tres por ciento del financiamiento público a los partidos para el fortalecimiento político de las mujeres, no solo es insuficiente, sino que corresponde al nuevo modelo democrático en el que la participación política debe ser paritaria.

“Cuando hablamos de acciones afirmativas hablamos de pisos mínimos y no de topes, así lo ha asentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es por eso que la presente iniciativa propone modificar el Artículo por el que se establece la asignación de recursos públicos ordinarios de los partidos políticos para la capacitación, promoción y desarrollo político de las mujeres, estableciendo que dicho porcentaje es un punto de partida y no un límite”, expresó.

También se propone un incremento del tres al cinco por ciento de los recursos públicos ordinarios, medida que ya ha sido adoptada por otras entidades federativas, sostuvo, al reconocerse la trascendencia de destinar mayores recursos al empoderamiento de las mujeres, como Sinaloa, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, mientras que en Baja California Sur es de diez por ciento.

La diputada Trujillo Llanes aclaró que no se trata de dar más dinero público a los partidos políticos, sino de garantizar que en el gasto de lo que ya se les asigna por Ley, se le dé prioridad a la formación política de las mujeres.

En el siguiente punto del orden del día, la diputada Beatriz Cota Ponce presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley para la Atención Integral del Cáncer de Mama del Estado de Sonora, por considerar necesario que la rehabilitación integral que establece la norma también contemple la reconstrucción mamaria para toda persona a la que se le haya realizado una mastectomía, como tratamiento del cáncer de mama.

El Estado de Sonora es la tercera entidad con más defunciones por cada 100 mil mujeres mayores de 20 años, indicó, pero lo más preocupante es el aumento desmedido y acelerado de esta estadística, pues en 2018 se ubicaba en un rango de 18.01 a 22.358, lo que ubicaba a la entidad en una tasa media, sin embargo, para 2020 se ubicó entre los estados con mayores tasas de muerte por cáncer de mama, en el rango de 27.79 a 24.78 y, para 2022, ya era la tercera entidad con la mayor tasa de defunciones por esta enfermedad, curable y tratable si se detecta a tiempo.

“La Organización Mundial de la Salud destaca que una de las principales medidas para atender los problemas de salud por cáncer, es que los sistemas de salud respondan y atiendan el impacto, no únicamente físico, sino emocional y mental que implica esta enfermedad en los pacientes, de forma tal que se maximice su calidad de vida en conjunto con la de sus familiares y cuidadores”, aseveró.

La legisladora informó que, hoy en día la reconstrucción mamaria ha avanzado a un punto que no solo devuelve lo perdido, sino que también le permite a la mujer recuperar su feminidad, la confianza en sí misma e, incluso, en muchas ocasiones, los resultados son tan buenos que sus senos lucen mejor que antes de la mastectomía.

Agregó que por eso es que plantea que, con la reconstrucción mamaria, se pueda recuperar la imagen corporal y mejorar la calidad de vida de la mujer mastectomizada, ya que forma parte de la terapéutica del cáncer de mama, así como el proceso de rehabilitación post-mastectomía, por lo cual consideran necesario que la rehabilitación integral que plantea la Ley contemple la reconstrucción mamaria para toda persona a la que se le haya realizado el procedimiento.

La diputada Cota Ponce, integrante del grupo parlamentario de Nueva Alianza y quien presentó la iniciativa en conjunto con el diputado Fermín Trujillo Fuentes, afirmó que esta modificación ya fue introducida en el marco jurídico de otras entidades del país, como el Estado de Hidalgo.

San Luis Río Colorado, Son., marzo 24 de 2023.- Para realizar un ejercicio de Parlamento Abierto de las iniciativas en materia de reducción de regidurías en los ayuntamientos y de gobierno abierto municipal, respectivamente, se reunieron integrantes de las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y  Presupuestos y Asuntos Municipales con Regidores, funcionarios municipales, estatales, representantes de sectores productivos  y sociedad civil.  

Las iniciativas objeto de socialización fueron presentadas por el diputado Ricardo Lugo Moreno, el pasado 22 de septiembre y 18 de octubre del año 2022, mismas que plantean reducir el número de regidores en los ayuntamientos y que la integración de estos se apegue al principio de la proporción poblacional. 

Acompañado por Santos González Yescas y Luis Enrique Valdez Reyes, alcaldes de San Luis Río Colorado y General Plutarco Elías Calles, la diputada María Alicia Gaytán Sánchez y el diputado Óscar Eduardo Castro Castro, el legislador Lugo Moreno expuso que este ejercicio de consulta sobre las iniciativas en mención buscan establecer un modelo de gobierno a nivel municipal que permita hacer las cosas diferentes y, que, a través de la reducción de regidurías en los municipios ese recurso se destine para becas a deportistas en la entidad. 

“Ello, permitirá acercarnos a la población y demostrarles que son nuestra prioridad, que se necesita de su participación y colaboración para gobernar de manera conjunta y a favor de ellos, en donde la transparencia y rendición de cuentas serán los ejes rectores de todo gobierno municipal”, comentó. 

Edgar Acuña Solís, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Asesores Parlamentarios (AMAP) A.C., dio a conocer los antecedentes y detalles de la iniciativa en materia de gobierno abierto municipal y los beneficios para las y los ciudadanos en la entidad. 

Respecto a este tema las participaciones de los asistentes fueron coincidentes en el impulso de la creación  los planes, programas y áreas encargadas a la innovación gubernamental en todas las instituciones públicas, para, de la mano, llevar mayores beneficios a la sociedad. 

También el impulso a la transparencia; la descripción personas y su género;  estructuras y acciones encaminadas a la rendición de cuentas, la mejora regulatoria, así como procesos auditables que permitan la mejora continua en los gobiernos municipales que genere el desarrollo social de las localidades. 

Enseguida, Juan Carlos Aguilar Polanco, representante en Sonora de la (AMAP) A.C. dio a conocer el desarrollo histórico de la integración de los municipios con base al principio proporcional y el censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, de acuerdo a lo que establece la normatividad actual, mismo que se hace necesario modificar con las diferencias poblacionales en los municipios debido a las exigencias sociales que se han manifestado. 

En este tema los participantes mostraron su interés para que se reduzca no solo la plantilla de regidores de los ayuntamientos sino también se reduzca el personal en el gobierno del estado y los municipios además del impulso a la capacitación continua en todos los niveles de gobierno para llevar mayores beneficios a la población en todas las regiones de la entidad. 

Para mayor información respecto a las iniciativas consulta en la página de internet del Congreso del Estado en el micrositio: http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/35584.  

La violencia escala, y nunca es temprano para comenzar su concientización, prevención y educar a las futuras generaciones para cambiar de cultura, romper paradigmas y dejar atrás esa mentalidad machista que se ha inculcado por años, indicó la legisladora Alejandra López Noriega.

La legisladora presentó iniciativa en la cual propone una serie de reformas y adiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sonora, con el objeto de crear un nuevo capítulo que defina la violencia en el noviazgo la cual consiste en cualquier acto abusivo que tiene por fin dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica o sexual a las mujeres, en donde el agresor sostiene con la víctima una relación de noviazgo.

Alejandra López Noriega señaló que en esta iniciativa se busca establecer mecanismos de monitoreo y capacitación en los centros educativos privados y públicos, mediante acuerdos y convenios con las autoridades e instituciones que integran el Sistema Educativo Nacional y Estatal enfocado en la violencia en el noviazgo; así como la creación de protocolos y procedimientos que promuevan la denuncia de hechos derivados de la violencia durante el noviazgo.

La diputada López Noriega indicó que con esta iniciativa también se busca ampliar el concepto de violencia feminicidio, agregándole conductas de odio y discriminación que ponen en riesgo sus vidas o culminan en muertes violentas y establece que en el caso de que las órdenes de protección no se puedan otorgar de manera inmediata, será obligación de la autoridad ante la que hayan acudido las mujeres, proceder a su resguardo, cautela y protección inmediata mediante la asignación protección policiaca.

Hoy en día, Sonora solamente cuenta con tres centros de atención inaugurados recientemente: Cajeme en el 2016, Hermosillo en el 2020 y San Luis Río Colorado en 2023. El servicio que se ofrece a las víctimas directas e indirectas del delito, se brinda de lunes a viernes con un horario de 9:00 am a 5:00 pm y respecto al servicio médico de urgencia, solamente se brinda en la sede de Hermosillo, dejando a un lado a los demás municipios que en su caso necesiten protección urgente.

Lo anterior, indicó la Diputada Alejandra López Noriega que deja en desamparo la protección de las mujeres; la violencia no cuenta con un horario o día específico se puede presentar de manera inesperada, afectando así, su derecho a una vida libre de violencia, por ello es que presentó esta serie de reformas y adiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sonora, “porque toda violencia,  a cualquier edad en contra de la mujer debe ser castigada”.

Hoy, en el H. Congreso de Sonora, se aprobó por unanimidad la propuesta de reforma a la Ley de Seguridad del Estado, en la cual se contempla la creación de la nueva Universidad de Seguridad Pública (antes Isspe) y que la atención de la violencia de género y familiar sea parte de las funciones policiacas: Alfonso Durazo, gobernador de Sonora.

En Universidad de la Seguridad Pública del Estado se convertirá el Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado, ISSSPE, con el objeto de elevar la profesionalización de los elementos que integran los cuerpos policiacos estatales y municipales, mediante el mejoramiento de las instituciones de instrucción, formación, actualización y preparación, aprobó el Pleno del Congreso.

La Comisión de Seguridad Ciudadana presentó el dictamen con proyecto de Decreto que se elaboró con base a una iniciativa del titular del Poder Ejecutivo estatal, quien en su momento planteó modificar diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, para que lo que hoy se conoce como ISSSPE se convierta en una verdadera herramienta en materia de educación superior para sus elementos.

“Para que dicha institución educativa se convierta en una verdadera herramienta en materia de educación superior y el Estado pueda poner a sus egresados al nivel de otras universidades, reformando, de igual manera, diversas instituciones públicas en materia de seguridad pública, con el fin de fortalecer sus atribuciones y alcances”, destaca uno de los considerandos del dictamen, al que dio lectura la diputada Paloma María Terán Villalobos.

El Gobernador del Estado estableció que uno de los principales objetivos de la propuesta es incrementar los niveles de seguridad en la entidad y son los elementos que egresan de dicha institución los que se encuentran a cargo de la prevención por parte del Estado y de los municipios, por lo que tienen mayor contacto con la sociedad, además de que son los principales encargados de realizar acciones preventivas como el patrullaje, la vigilancia policiaca, los operativos contra la delincuencia, la sensibilización social para denunciar, entre otros.

La Universidad de la Seguridad Pública del Estado de Sonora será un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Seguridad Pública, con sede en la capital del Estado y con las academias estatales que determine su Consejo Directivo.

Tendrá como objeto integrar recursos humanos altamente capacitados que permitan contribuir al mejoramiento de la operación y coordinación de los diversos ámbitos de la seguridad pública en el Estado, como lo son la prevención del delito, procuración de justicia, impartición de justicia y readaptación social, y promover el desarrollo de las ciencias y técnicas relacionadas con la seguridad pública.

El Decreto también establece que se constituirá en la instancia estatal adecuada y responsable para la formación, actualización especializada, y capacitación científica y profesional de los aspirantes y elementos integrantes de las instituciones policiales estatales y municipales, dedicadas al cumplimiento de las funciones de seguridad pública y tránsito, así como la actualización y capacitación de maestros e investigadores en estas materias.

Por E. Ramiro Valenzuela López

     Para quienes comprendemos el idioma del campo, apreciamos sus aromas y saboreamos las frutas silvestres, resulta interesante refrescar recuerdos no lejanos, sobre la forma de vida en los pueblos de la sierra. Remembranzas que se antojan nostálgicas, pero recordarlas, resultan deliciosas añoranzas.

    Estos pintorescos poblados están enclavados en tres majestuosas cordilleras. La “Sierra Alta” (colindante con el estado de Chihuahua), cubierta de pinos y encinos, donde el clima templado prevalece la mayor parte del año, y las Sierras “Media” y “Baja”, cubiertas de mezquites, agaves y “hiervas medicinales. Aquí el clima veraniego, hace que el termómetro marque 48º y en veces hasta 50º C.

     A la Sierra Baja se unen las fértiles llanuras de la costa del mar de Cortés. Áreas irrigadas con escurrimientos que aportan los arroyos y cañadas que, desde lo alto, se abren paso por profundos barrancos, para descargar en los ríos Sonora, Yaqui y Mayo.

     Entre cerros y lomeríos de las tres cordilleras, se ubican estos pintorescos poblados. En principio, eran caseríos dispersos fincados por aborígenes, luego, retocados por misioneros Jesuitas en tiempo de la colonia. En cada pueblo se construyó una iglesia, con su respectivo santo patrono que, hasta la fecha en sus celebraciones son motivo de bullangueras fiestas regionales.

     Luego de comprobar que el adobe en el verano conserva la frescura del invierno, y en invierno amortigua los efectos del calor veraniego, las antiguas chozas de vara y lodo, los misioneros Jesuitas las volvieron especiosas casas con zaguanes, corredores, pasadizos; cuartos con “zarzos” para conservar quesos y panelas, y un trascorral provisto de tejabanes, “chiqueros” y “trochiles”, sin faltar el arcaico mezquite que al morir la tarde se convertía en “dormitorio gallinero”.

     No obstante carecer de agua potable, las calles de los pueblos lucían arboladas, con agua abastecida del río, acarreada en palancas, (vara sobre los hombros, de cuyos extremos pendían las cubetas). O bien, en “botas de lona” sobre el lomo de un asno.

     El agua para consumo humano se obtenía de los frescos baceranes del río, se depositaba en ollas de barro cocido, colocadas sobre “tinajeros”, (troncos de tres picos empotrados al piso). El agua se ingería en “jícaras” que optimizaban su sabor con un rico buqué silvestre.

     El agua para consumo de animales domésticos se extraía del pozo artesanal cavado en el traspatio, provisto de “cigüeña” (rodillo de madera con manerales de fierro). La carencia de energía eléctrica hacía que las noches estrelladas o de luna llena, lucieran en todo su esplendor, con toques de un soñador romanticismo.

     El traslado de personas hacia las grandes urbes, era en toscos vehículos, transitando por sinuosos caminos diseñados tiempo atrás para carretas. En época de lluvias, las avenidas de arroyos, obligaban a los viajeros a pernoctar en sus riberas, mientras las embravecidas corrientes de agua daban paso

     Además de las milpas, la mayoría de los poblados estaban dotados de una extensa “área común de agostadero” explotada en perfecta armonía por los vecinos en general. Superficie que lindaba con los terrenos particulares.

Esto permitía que proliferaban las ordeñas domésticas, y aseguraba que, en el mesón familiar, no faltaran productos lácteos, hortalizas y verduras.

     Los granos de la cosecha se almacenaban en “chapiles”, (pared semicircular en la esquina de uno de los cuartos). El maíz se desgranaba a golpe de piedra. Los huevos se recogían de la zacatera, o de covachas horadadas al pie de las bardas del trascorral.

     La laboriosidad iniciaba al despuntar el alba y concluía con el ocaso. Arrancaba con el canto del gallo, secundado por el bramido de vacas y becerros. Los varones se avocaban a cumplir tareas relacionadas con el campo. Las damas, a los quehaceres domésticos. Los chiquillos, a encaminar al lomerío las vacas recién ordeñadas. Mismas que al caer la tarde recalaban a las afueras del corral, anunciando su llegada con potentes bramidos, compensados por el agudo balar de sus crías.

Con este “zoo-concierto” vespertino concluían las labores diarias de la familia. Desafortunadamente, tan fantástica actividad desapareció con el reparto agrario.

     Hecho placentero era cabalgar el día de san Juan y de paso, asistir al primer corte de sandía de los “maguecheros. Entonces era tan segura la lluvia que, por la tarde, los paseantes regresábamos empapados.

     Se volvieron cosa del pasado, la molienda de trigo en “tauna” instalada en el traspatio, operada por un asno con los ojos vendados, y la recolección de pitayas al inicio de las lluvias veraniegas, cuando antes del amanecer, la muchachada avituallada con largos ganchos partíamos al lomerío.

     Desafortunadamente en la medida que a los pueblos llegaba el progreso, las costumbres y tradiciones desaparecían. Pero a cambio hoy, la gran mayoría de los pueblos, cuentan con señal satelital para televisión, Internet y telefonía celular.

No hay duda, que recordar es volver a vivir.

Ante la necesidad de consagrar en la norma penal del Estado el contexto social que demanda establecer nuevos supuestos de razones de género e incluir agravantes al delito de feminicidio, el Pleno del Congreso aprobó reformas al Código Penal del Estado de Sonora.

Los integrantes de la LXIII Legislatura aprobaron que la penalidad a quien cometa el delito de feminicidio, que va de 45 a 70 años de prisión y multa de dos mil a cinco mil Unidades de Medida y Actualización, aumente en una mitad más de la establecida como máxima para este delito cuando se actualicen las agravantes de que sea cometido por servidor público en cualquier etapa del delito y cuando fuere cometido por dos o más personas.

Con base a una iniciativa que el 6 de abril de 2022 presentara ante esta Soberanía la diputada Ernestina Castro Valenzuela, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos elaboró el dictamen con proyecto de Decreto que reforma el Artículo 263 BIS del Código Penal del Estado de Sonora, el cual fue aprobado por unanimidad de la asamblea.

La legisladora planteó en la exposición de motivos que tomó como referencia las recomendaciones nacionales e internacionales emitidas en la materia, los aciertos de las legislaciones locales, las características comunes identificadas en las conductas feminicidas y los reclamos de la sociedad civil, con la finalidad de eliminar las barreras normativas que enfrentan las sobrevivientes, las víctimas y sus familiares en la búsqueda de justicia, verdad y reparación integral.

También para propiciar que las muertes violentas de mujeres en México sean investigadas con perspectiva de género, a partir de elementos comunes que brinden certeza jurídica a las víctimas y sus familiares, y posibiliten identificar similitudes respecto a la incidencia de esta conducta delictiva, expuso.

Otras agravantes que contiene el Decreto son: que el delito sea cometido por persona que tenga el deber de cuidado sobre la víctima; que sea cometido por conductor de vehículo de transporte de pasajeros, turismo o cualquier otra modalidad en el desarrollo de su trabajo; que el activo haya obligado a la víctima a ejercer la prostitución, actos de explotación o trata de personas, y en presencia de personas con quienes la víctima tuviere un vínculo de consanguinidad o afinidad; o cualquier otra relación de hecho o amistad.

Los supuestos como razones de géneros son: hallazgos del cuerpo o los restos; que sean expuestos, exhibidos, depositados, arrojados u ocultados en un lugar público o de libre concurrencia; estado de indefensión de la víctima; existan antecedentes sobre cualquier tipo de violencia contra las mujeres de las previstas en la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia; o exista o haya existido una relación sentimental, afectiva o de confianza, ya sea por parentesco, matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, cohabitación, noviazgo o cualquier otra relación de hecho o amistad.

En esta sesión ordinaria, el Pleno aprobó de manera unánime el Acuerdo mediante el cual el Congreso del Estado resuelve emitir un exhorto al Instituto Nacional del Suelo Sustentable, INSUS, con el objeto de que, en el uso de sus facultades legales, realice o impulse todas aquellas acciones técnicas, legales o de fiscalización, que permitan a los propietarios o poseedores en trámite de regularización de predios o solares baldíos ubicados en el municipio de Navojoa, Sonora, contar con la debida certeza jurídica.

El diputado Próspero Valenzuela Múñer planteó que lo que se busca es que no sean afectados de sus derechos de propiedad o de posesión, producto de los procesos de compra venta que se realizan de los predios o solares baldíos establecidos en dicho Municipio.

Expuso que Navojoa se encuentra con un gran atraso en la regularización de predios, ya que están en estado irregular y tienen la necesidad de ser atendidos por las autoridades señaladas, de manera que las personas que se encuentran inmersas en dicha situación puedan tener la certeza jurídica de la propiedad en la que están asentadas, lo que abonaría en beneficio de la administración municipal, con el cobro de impuestos por la prestación de los servicios básicos.

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Luis Fernando Rentería Barragán, compareció ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para rendir su primer informe de trabajo correspondiente al año 2022, en el que destacó las acciones realizadas en materia de reorganización, protección y promoción de derechos.

La diputada Diana Karina Barreras Samaniego, presidente de la citada Comisión, destacó que la comparecencia del funcionario se realiza en cumplimiento de los artículos 16, fracción V, y 20 de la Ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Acto seguido la legisladora cedió el uso de la palabra al presidente de la CEDH quien, acompañado por su equipo de trabajo, en su informe destacó que se ha fortalecido el acercamiento con diversos colectivos de la sociedad civil, con el fin de plantear agendas de trabajo a mediano y largo plazo.

Durante el año 2022 se brindó atención a más 6 mil personas que pertenecen a grupos de atención prioritaria como mujeres, personas privadas de la libertad, colectivos de búsqueda, defensoras de derechos humanos, personas de la diversidad sexual, entre otros.

Dijo que la CEDH tiene paridad de género e igualdad sustantiva debido a que el 61 por ciento del personal son mujeres y se ha integrado una directiva altamente cualificada y especializada.

Rentería Barragán mencionó que la CEDH de Sonora tiene ahora con un Plan de Desarrollo Institucional, la estrategia de largo plazo que guiará el rumbo de este organismo con perspectiva de derechos humanos y rendición de cuentas.

“Esta nueva administración ha establecido como ejes rectores de su gestión la promoción de los derechos y la protección de las personas, y en el aspecto administrativo una gestión eficiente de los recursos de la institución”, puntualizó.

Posterior a la presentación del informe las diputadas Rosa Elena Trujillo Llanes y Alicia Gaytán Sánchez y el diputado Ernesto Roger Munro Jr. lo invitaron a construir una ruta legislativa en el que se garantice el ejercicio progresivo de los derechos; continuar con acciones que favorezcan a la ciudadanía y continuar con el proceso de rendición de cuentas.

En la reunión estuvo presente también la diputada Ivana Celeste Taddei Arriola; Cristina Arteaga, en representación del titular del Poder Ejecutivo; la Magistrada Guadalupe Von Ontiveros, representando al Supremo Tribunal de Justicia; Guadalupe Taddei Zavala y Wilfredo Román Morales Silva, Comisionada presidenta del Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, ISTAI, y Comisionado del ISTAI, respectivamente.

Nery Ruiz Arvizu, Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, IEE Sonora y Tirso Amante Jerez, director General de Radio Sonora; así como, integrantes de colectivos y defensores de los derechos humanos en la entidad.

Un nuevo marco normativo para la Universidad de Sonora, que garantizará una mayor vinculación de la máxima casa de estudios con los sectores sociales y el entorno estatal, con programas educativos que abonen a la construcción de una comunidad más justa, libre, incluyente, igualitaria y democrática, aprobó por mayoría calificada la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Sonora.

Con la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica de la UNISON, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, quedará abrogada la actual Ley número 4, Orgánica de la Universidad de Sonora, publicada en el B.O. No. 4, Edición Especial de fecha 26 de noviembre de 1991, y se derogan todas las disposiciones que se opongan a la aplicación de la presente Ley, establece el Artículo Primero Transitorio.

Las comisiones de Educación y Cultura, y de Gobernación y Puntos Constitucionales, presentaron el dictamen, que se elaboró con base en una iniciativa remitida a esta Soberanía por el titular del Poder Ejecutivo estatal, resolutivo normativo al que se le hicieron diversas precisiones, no solo para fortalecer su fundamento constitucional, sino para dar mayor claridad a los objetivos que debe tener una institución de educación superior tan importante para la sociedad sonorense, establece uno de los considerandos.

La nueva Ley Orgánica de la Universidad de Sonora fue aprobada en lo general y en lo particular por los grupos parlamentarios de los partidos MORENA, del Trabajo, Nueva Alianza Sonora, Verde Ecologista de México y Encuentro Solidario, y en contra votaron las y los legisladores que integran los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano.

El dictamen establece en los considerandos que esta legislación tiene entre sus objetivos, además de los ya mencionados, promover el respeto de los derechos humanos tanto al interior de la Universidad como entre la sociedad sonorense; respetar los derechos laborales de sus trabajadores; administrar sus recursos con eficiencia, eficacia, ética y honestidad; promover el uso de las tecnologías de la información y comunicación en las sesiones de sus órganos colegiados, atendiendo al principio de máxima publicidad y transmisión.

Alinear sus planes institucionales de desarrollo con los planes de desarrollo estatal y nacional; garantizar el principio de inclusión y el derecho a la gratuidad en sus procesos de admisión; precisar los alcances de las atribuciones de los diversos órganos de la Universidad, a fin de hacer más eficiente el trabajo administrativo y docente, así como lograr una mayor participación de los integrantes de la comunidad universitaria.

La iniciativa fue presentada por el Gobernador del Estado, asociado del Secretario de Gobierno, el 3 de febrero pasado, en la cual dio a conocer que la propuesta fue enriquecida con una diversidad de opiniones y recomendaciones expresadas por la comunidad universitaria y la sociedad sonorense en la “Consulta a la Comunidad Universitaria y Sociedad Sonorense sobre reforma a la Ley Orgánica de la Universidad de Sonora”.

“Una Comisión Especial del Colegio Académico de la Universidad de Sonora diseñó la metodología de la consulta

previa, la cual fue libre e informada en términos de lo dispuesto en el Artículo 2, párrafo tercero de la Ley General de Educación Superior, con el objetivo de elaborar una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad de Sonora que responda a las necesidades actuales y permita a la institución seguir contribuyendo al desarrollo social, cultural, científico, tecnológico, humanístico, productivo y económico del Estado y del país”, expuso.

Las comisiones dictaminadoras, al abocarse al estudio de la iniciativa, la cual fue sometida a consulta en foros de Parlamento Abierto llevados a cabo al interior de la máxima casa de estudios y en las unidades regionales de Caborca, Hermosillo y Navojoa, tomaron como referencia lo establecido en el Artículo 2 de la Ley General de Educación Superior, misma que reglamenta al Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación superior.

El Artículo 2 de la LGES establece que las universidades e instituciones de educación superior a las que la Ley otorgue autonomía, contarán con todas las facultades y garantías institucionales que se establecen en la fracción VII del referido Artículo 3° constitucional, y se regirán por sus respectivas leyes orgánicas, la normatividad que deriva de estas y, en lo que resulte compatible, por las disposiciones de la Ley General de Educación Superior.

“En el caso particular, el Gobernador del Estado presenta a este Poder Legislativo una nueva Ley Orgánica de la Universidad de Sonora, mejor conocida como UNISON, consolidándose como el Alma Mater de las y los sonorenses a través de casi un siglo de existencia”, establece el dictamen

Agrega que la máxima casa de estudios ha jugado un papel determinante y destacado en el desarrollo de todos los ámbitos del Estado de Sonora, desde su creación como plantel educativo autónomo mediante la Ley de Enseñanza Universitaria, promulgada el 22 de noviembre de 1938, antecedente normativo de la actual Ley Orgánica, publicada el 26 de noviembre de 1991.

“Cabe destacar que dicha normatividad orgánica, conocida entre los universitarios como ´Ley 4´, por el número de Ley con que fue numerada por la Quincuagésima Tercera Legislatura (1991-1994), desde su entrada en vigor hace más de 31 años, no ha sido objeto de ninguna actualización por parte de este Poder Legislativo, a pesar de que nuestra máxima casa de estudios, a partir del fundamento jurídico que le proporcionó dicha Ley, ha evolucionado enormemente para dar respuesta a las cambiantes necesidades educativas de la sociedad sonorense”, destaca otro de los considerandos.

Queda claro que existe un claro desfase entre el crecimiento de la Universidad de Sonora y su Ley Orgánica, que puede estancar la evolución de esta valiosa institución sonorense, lo que ha llevado a que la misma comunidad universitaria exija una nueva ley orgánica que otorgue las herramientas jurídicas necesarias para que el Alma Mater se mantenga como la institución universitaria más importante del Estado.

También para que esté en condiciones de competir los primeros lugares a nivel nacional, por el alto nivel de educación superior que puede llegar a ofrecer, por lo cual las y los diputados que integran las

comisiones de Educación y Cultura, y de Gobernación y Puntos Constitucionales, coincidieron en el hecho de que era necesario aprobar un nuevo marco normativo, sin embargo, fue necesario hacer diversas precisiones al resolutivo de la iniciativa original, establecieron.

Será máximo órgano de gobierno de la UNISON el Colegio Universitario

La Ley consta de 76 artículos divididos en nueve títulos: De la naturaleza y obligaciones; De las facultades; Del patrimonio; De la estructura; De la comunidad universitaria; De los reconocimientos y estímulos; De las responsabilidades; De la rendición de cuentas, fiscalización y transparencia; y De las disposiciones generales.

Los órganos de gobierno de la Universidad de Sonora serán el Colegio Universitario; el titular de Rectoría; los colegios de las facultades interdisciplinaria; los titulares de las coordinaciones generales de las facultades interdisciplinarias; los colegios departamentales; y los titulares de las jefaturas de departamento, mientras que los órganos consultivos serán los colegios regionales de vinculación social y el Consejo Jurídico.

El Colegio Universitario es la autoridad máxima de gobierno de la Universidad y estará integrado por el titular de Rectoría, quien lo presidirá; los titulares de las coordinaciones generales de las facultades interdisciplinaria; los titulares de las jefaturas de departamento; un representante del personal académico y otro del alumnado, que serán electos en cada uno de los departamentos; y un representante del personal manual y administrativo del Campus Universitario.

Las representaciones del personal académico, del alumnado y del personal manual y administrativo durarán en su cargo dos años y no podrán ser reelectas en periodos consecutivos. Los representantes del personal académico y del alumnado ante el Colegio Universitario también formarán parte de los colegios departamentales respectivos, dice la Ley.

Las personas titulares de la Secretaría General Académica, de la Secretaría General Administrativa y responsable administrativo de Campus tendrán voz, pero no voto en el Colegio Universitario; la persona titular de la Secretaría General Administrativa estará a cargo de la Secretaría del Colegio Universitario.

Al dictamen le dieron lectura la diputada Beatriz Cota Ponce y el diputado Jacobo Mendoza Ruiz, presidentes de las comisiones de Educación y Cultura, y de Gobernación y Puntos Constitucionales, respectivamente.

En la discusión en lo general hicieron uso de la voz los diputados Jorge Eugenio Russo Salido, Jacobo Mendoza Ruiz, Sebastián Antonio Orduño Fragoza, Héctor Raúl Castelo Montaño, así como las diputadas Sagrario Montaño Palomares, Rosa Elena Trujillo Llanes, Celeste Taddei Arriola, Paloma Terán Villalobos, Beatriz Cota Ponce y Ernestina Castro Valenzuela.

Asimismo, se aprobaron por mayoría las reservas a diversos artículos presentadas por la diputada Castro Valenzuela.

En esta sesión ordinaria, como se aprobó el pasado 21 de febrero, rindió protesta de Ley como titular del Órgano Interno de Control del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, ISAF, el ciudadano Víctor Manuel Delgado Moreno

Como parte del proceso de armonización a las modificaciones que en 2019 se le hicieron a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el Pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad la Ley de Adopciones para el Estado de Sonora, así como un Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código de Familia.

Con esta aprobación, Sonora se une a los estados de Chiapas, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz, que ya cuentan con una legislación en la materia, de acuerdo al dictamen presentado en la sesión ordinaria por la Comisión de los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud.

Dicho dictamen se elaboró con base en la iniciativa que el 27 de abril de 2022 presentara la diputada María Jesús Castro Urquijo, quien entonces planteó la importancia de armonizar en la entidad la legislación local con lo que establece la Ley General, y que tiene por objeto que niñas, niños y adolescentes permanezcan en su entorno familiar y, en caso de desamparo, sean reintegrados.

Se trata de dar certeza jurídica en el proceso de adopción, de agilizar el trámite sin que esto implique poner en riesgo la idoneidad que deberá tener la persona que solicite la adopción de un menor, así como establecer los parámetros mínimos que deberán observar las autoridades competentes a nivel nacional y en las entidades federativas, con el propósito de que niñas, niños y adolescentes ejerzan su derecho a vivir en familia mediante una adopción plena.

La dictaminadora reconoció que este Congreso del Estado incurrió en omisión absoluta, al no realizar la armonización señalada por el Decreto que modifica la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 2019 en materia de adopciones, el cual establecía un plazo perentorio de 180 días para que las legislaturas locales realizaran la armonización correspondiente.

La Ley de Adopciones privilegia los intereses del adoptado sobre los adoptantes; que el adoptante o los adoptantes den su nombre y apellidos al adoptado; que en el procedimiento de adopción se asegure, para seguridad del menor, según sea el caso, el interés superior de la infancia; que siempre se dé seguimiento a los casos de adopción, entre otros requerimientos necesarios de satisfacer para garantizar el interés superior de la infancia en proceso de adopción.

A la par de esta nueva norma, el Pleno del Congreso aprobó el Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código de Familia para el Estado de Sonora, con el objeto de eliminar todos los artículos que se opondrían a la Ley de Adopciones, un aspecto importante que generará certeza jurídica tanto para los juzgadores como para los justiciables, al momento de realizarse el proceso de adopción, estableció la comisión dictaminadora.

En esta plenaria también fue aprobado el proyecto de Decreto que autoriza al Ayuntamiento de Empalme, Sonora, para que afecte y otorgue en garantía de pago las participaciones que en ingresos federales le correspondan, con motivo de la celebración del

Convenio de Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, de los trabajadores al servicio de dicho órgano de gobierno.

La Comisión de Hacienda presentó el dictamen a la asamblea, en el cual destaca que también se faculta al Ayuntamiento para que pacte la fecha de inicio de la prestación de los servicios y los sujetos de aseguramiento que comprenderá; la vigencia; las prestaciones que se otorgarán; las cuotas a cargo de los asegurados y demás sujetos obligados; y los procedimientos de inscripción de las cuotas respectivas.

“Esta comisión considera justo y necesario regularizar el esquema de seguridad social de los trabajadores al servicio del municipio de Empalme, Sonora, por lo que es urgente otorgar esta autorización a dicho órgano de gobierno municipal, con el fin de no obstaculizar el ejercicio de sus derechos”, establece uno de los considerandos de la dictaminadora.

Turnan iniciativas a comisiones dictaminadoras

En esta sesión ordinaria, la Presidencia turnó a comisiones diversas iniciativas presentadas por diputadas y diputados, la primera de estas de las y los integrantes del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de ley que adiciona tres párrafos al Artículo 1°, inciso I) de la Constitución Política del Estado de Sonora.

La diputada Rosa Elena Trujillo Llanes expuso que el objeto de la iniciativa es que el cuidado digno sea prioridad en la entidad y se reconozca como un derecho humano, para que las y los sonorenses tengan el derecho a cuidar, a ser cuidados y a cuidarse, así como sumar al empoderamiento y autonomía económica de las mujeres.

La iniciativa se turnó para estudio a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para posteriormente presentarse una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Sonora, y de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, la cual se envió a la Comisión del Deporte.

El diputado Ricardo Lugo Moreno, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, dio a conocer que el objetivo es establecer las bases, organización, operación y funcionamiento del Sistema Municipal del Deporte, de manera que en el Título del Sistema Municipal de Deporte que contiene la legislación, se reconozco lo dispuesto en la Constitución Federal sobre el derecho social de la cultura física y el deporte.

Enseguida correspondió al diputado Iram Leobardo Solís García presentar su iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el Artículo 134 de la Ley de Educación del Estado de Sonora, en materia de servicio social, a efecto de que las demás carreras plasmadas en los diferentes planes de estudio, aparte de las de ciencias de la salud y educación, puedan impactar de forma más directa en beneficio de la sociedad.

Una forma de realizarlo es ampliando el concepto de “entidad receptora”, dijo, entendido como “toda instancia que cuente con programas y proyectos, cuyo impacto beneficie a la sociedad y sea susceptible de recibir prestadores de servicio social universitario”. La iniciativa se turnó para estudio a la Comisión de Educación y Cultura.

Las comisiones de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático, y de Presupuestos y Asuntos Municipales, estudiarán una iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Gobierno y Administración Municipal, y la Ley que regula la producción, manejo y disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial y productos plásticos de un solo uso en el Estado de Sonora, presentada por las diputadas Claudia Zulema Bours Corral y Brenda Lizeth Córdova Búzani, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Su objeto es que en los municipios que cuenten con una población de 10 mil o más habitantes se construyan, de manera obligatoria, rellenos sanitarios, ya sea por parte del Ayuntamiento respectivo o de manera concesionada, lo que dependerá de la situación de cada uno de ellos, por considerar que el manejo de residuos sólidos es de suma importancia y es una de las principales fuentes de contaminación, tanto por los desechos que se generan, como por los efectos secundarios que se producen aparte, como es el caso de la quema o incendio de los mismos.

En el orden del día siguió la presentación de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de prevención, tratamiento, rehabilitación y control de adicciones del Estado de Sonora, presentada por el diputado Óscar Eduardo Castro Castro, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, quien planteó debe contarse con personal técnico especializado en áreas de salud, educación, psicología, seguridad y psiquiatría.

Agregó que su propuesta también considera establecer como obligación de la Secretaría de Salud realizar visitas e inspecciones, de forma mensual, a los centros que se dedican a tratar personas con adicciones, a efecto de verificar el cumplimiento de las obligaciones, y se compruebe que el tratamiento sea el adecuado para los pacientes.

A esta iniciativa, que se turnó para estudio a la Comisión de Salud, se sumaron las diputadas Rebeca Irene Silva Gallardo, Natalia Rivera Grijalva, Karina Zárate Félix y Alma Higuera Esquer.

Como penúltimo punto del orden del día, el diputado José Armando Gutiérrez Jiménez presentó, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, un posicionamiento sobre la afectación a los ciudadanos de ímuris, Sonora, por el proyecto de reubicación de las vías del tren, el cual pasaría por dicho Municipio, lo que dificultaría el funcionamiento de la ciudad y generaría innumerables accidentes, sostuvo, como ha ocurrido en el municipio de H. Nogales, Sonora.

“No a las vías del tren en Ímuris, no a la afectación a familias sonorenses que tienen sus tierras trabajadas, sembradas, con construcciones como parte del patrimonio familiar; no a la desinformación; protejamos el medio ambiente sano, la flora y fauna; sí a sacar las vías del tren de Nogales, pero no afectar a otro Municipio”, aseveró.

Además, el diputado Jacobo Mendoza Ruiz presentó una iniciativa en la que reconoce la lealtad del Heroico Colegio Militar.

El Pleno del Congreso del Estado resolvió presentar ante el Congreso de la Unión, una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, a efecto de que se establezca como requisito la antigüedad de un año en el centro de trabajo.

En la sesión ordinaria de este jueves, la Presidencia turnó a comisiones dictaminadoras iniciativas para reformar diversas disposiciones de las leyes de Salud, de Bienes y Concesiones, de Gobierno y Administración Municipal, para prevenir actos de discriminación y la que crea el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora, que fueron presentadas por diputadas y diputados de esta LXIII Legislatura.

En primer término, se presentó iniciativa con proyecto de decreto que aprueba la inscripción, con letras doradas, en la pared de honor del salón de sesiones del recinto oficial del Congreso del Estado de Sonora, la frase: “2023, Año del Bicentenario del Heroico Colegio Militar”.

El diputado Jacobo Mendoza Ruiz presentó la iniciativa en la que reconoce la lealtad del Heroico Colegio Militar, la cual no es esporádica, dijo, sino constante, porque su fidelidad ha permanecido en las diversas etapas de la historia, y porque su legado más importante es el honor y el firme compromiso con las instituciones legalmente constituidas.

“Esa herencia permanece vigente en cada una de las mujeres y hombres que integran las Fuerzas Armadas, plasmados en el lema de este heroico plantel, por ello, los hijos del Heroico Colegio Militar, como antes, hoy y siempre en su actuar será guía la frase: por el honor de México”, expresó el legislador del grupo parlamentario de Morena.

La iniciativa se turnó para estudio a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, mientras que a la de Salud se envió un proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Salud para el Estado de Sonora, con la finalidad de establecer un mecanismo de apoyo para los pasantes de Medicina que presten sus servicios en los establecimientos públicos de salud en la entidad.

A nombre de las y los integrantes del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, el diputado Ernesto De Lucas Hopkins expuso que la propuesta busca que, con independencia de los recursos y programas que se implementen, se diseñe un programa de apoyo económico a los médicos pasantes que presten sus servicios en establecimientos del sector público en materia de salud.

Agregó que la finalidad es poder contribuir en el desarrollo de dichos estudiantes, con independencia de las mejoras en sus condiciones laborales y de seguridad que deba otorgar el Estado para la prestación del servicio social.

En el siguiente punto del orden del día, el diputado José Armando Gutiérrez Jiménez presentó, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 31 bis a la Ley de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora, y un artículo 21 bis a la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Dio a conocer ante el Pleno que la propuesta está enfocada a establecer la obligación para comenzar una renovación paulatina de todos los inmuebles destinados por el Estado de Sonora para un servicio público, mediante inversión en una modernización con fines sostenibles en los rubros de ahorro de energía y de agua para que, de aquí a un plazo de 15 años, los edificios de gobierno sean sostenibles.

“Contar con oficinas verdes permitiría disponer de espacios en los que se practiquen los principios de ecología: consumo responsable de energía, gestión adecuada de los residuos y uso de productos reciclados”, indicó el legislado

Dicha iniciativa será estudiada en la Comisión de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático, en tanto la Comisión de Asuntos del Trabajo recibió en turno una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diferentes disposiciones de la Ley para prevenir, combatir y eliminar actos de discriminación en el Estado de Sonora, con el objeto de erradicar la discriminación laboral de las y los adultos mayores, garantizando que sean empleadas y empleados conforme a la Ley y en total apego a sus derechos laborales.

El diputado Ernesto Roger Munro Junior, coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Solidario, presentó la propuesta en la que destaca, de así aprobarse, que la Secretaría del Trabajo impondrá una multa por el equivalente de 70 a 140 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, a la persona física o moral que discrimine, prive de trabajo o destituya a una persona, únicamente por ser adulta o adulto mayor, conforme a lo que establece la Ley Federal del Trabajo en materia de despidos injustificados, atribuciones y obligaciones de empleados y empleadores.

La Comisión de Asuntos del Trabajo también estudiará una iniciativa con proyecto de decreto que reforma las fracciones XI y XIII del Artículo 49 de la Ley que crea el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora, presentada por la diputada Azalia Guevara Espinoza, con el propósito principal de garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de cualquier persona que aspire a ser titular de dicho centro.

Es importante que este Congreso subsane vicios de inconstitucionalidad, sostuvo, por lo que su propuesta es establecer como requisito que la persona que pretenda ser titular del Centro de Conciliación Laboral, no haya sido sancionada

por alguna de las faltas administrativas graves señaladas en el Capítulo II del Título Tercero de la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora, diez años anteriores a la designación.

Las faltas son: cohecho, peculado, tráfico de influencia, desvío de recursos públicos, entre otras, que la legisladora consideró como graves por carecer de rectitud, probidad y honorabilidad, atributos que debe tener la persona titular del Centro, independientemente de la experiencia que tenga sobre la materia laboral.

Como penúltimo punto del orden del día, la diputada Beatriz Cota Ponce presentó, a nombre del grupo parlamentario de Nueva Alianza Sonora, una iniciativa con punto de Acuerdo para que el Congreso del Estado de Sonora, en ejercicio de la atribución conferida por el Artículo 71, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y su correlativo 64, fracción I de la Constitución Política del Estado de Sonora, presente ante el Honorable Congreso de la Unión una iniciativa con proyecto de Decreto.

La modificación sería en el párrafo tercero del Artículo 90 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en los siguientes términos: “Las autoridades de educación básica, las autoridades de educación media superior, las autoridades educativas de las entidades federativas y los organismos descentralizados, tomarán las medidas necesarias a efecto de que el periodo mínimo de permanencia en el centro de trabajo sea de un año, salvo por causas de fuerza mayor”.

La diputada Cota Ponce afirmó es de vital importancia que la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el ámbito de sus competencias y facultades, considere reformar el párrafo tercero referido, donde establezca como requisito la antigüedad de un año en el centro de trabajo y, como consecuencia de esta reforma, la Secretaría de Educación Pública, por medio de la Unidad del Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros, pueda modificar las disposiciones generales del proceso para la autorización de cambio de centro de trabajo.

“Es en nuestro carácter de representantes populares y con nuestro compromiso de velar por los intereses de los ciudadanos en general y, en este caso particular, como grupo parlamentario de Nueva Alianza Sonora, nos corresponde velar y defender los derechos que tienen las maestras y los maestros, de aspirar y tener la posibilidad de desarrollar su labor profesional en un centro de trabajo cercano o dentro de la localidad donde se encuentra establecido su núcleo familiar”, puntualizó la legisladora.