Hermosillo, Son., septiembre 6 de 2022.- Por considerar que se requieren nuevas estrategias para evitar la utilización de vehículos rentados para la comisión de delitos y, ante la necesidad de reducir los espacios de maniobra de los que se aprovecha la delincuencia y que ya han sido identificados por los grupos criminales, en sesión ordinaria del Pleno se presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Sonora.
Se trata de incorporar nuevos tipos penales para evitar que los delincuentes y el crimen organizado continúen aprovechándose de los vacíos legales para llevar a cabo conductas delictivas, para lo cual el proyecto presentado por diversos legisladores y que fue turnado para estudio a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, busca adicionar dos artículos a la legislación punitiva estatal.
La iniciativa fue presentada por los integrantes del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, así como por la diputada Ernestina Castro Valenzuela y el diputado Héctor Raúl Castelo Montaño, del grupo parlamentario de MORENA; y por el diputado Iram Leobardo Solís García, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
El proyecto establece adicionar los artículos 308 BIS F y 308 BIS G al Código Penal del Estado de Sonora, el primero a fin de que quien rente uno o varios vehículos desviando su uso para el que le fue entregado por el arrendador y lo utilice para la comisión de un delito o delitos, se le impondrá la pena de dos a diez años de prisión.
A quien rente un vehículo y sin consentimiento del arrendador disponga en partes o en su totalidad ostentándose como propietario o, en su caso, utilizando documentación falsa para venderlo o lleve a cabo algún otro acto de disposición, se le impondrá una pena de dos a doce años de prisión, establece la propuesta de adición del artículo 308 BIS G.
En la iniciativa, los legisladores se refieren a la utilización de vehículos rentados con una inversión mínima y que no son susceptibles de detención por el estado de legalidad del que gozan, además de no llamar la atención de los cuerpos policiacos en el proceso de preparación y comisión de conductas delictivas.
“Además, es necesario brindar una verdadera protección a un bien jurídico fundamental, como es el patrimonio de las empresas y particulares que se ven afectados con dichas conductas ilícitas, que se considera deberían elevarse a rango de delictivas, precisamente, por los efectos graves que ocasionan en la sociedad, en términos económicos y patrimoniales”, se establece en la parte expositiva de la iniciativa.
Revista Sonora Sinaloa 